A partir de hoy la Comisión designada por el Poder Ejecutivo para investigar el caso del asesinato de dos locutores en San Pedro de Macorís ligado a un conflicto por la venta de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), iniciará una serie de interrogatorios que abarcará todos los departamentos de ese organismo.
Una fuente de entero crédito reveló a Listín Diario que las investigaciones se concentrarán básicamente en Santo Domingo y San Pedro de Macorís, este último, lugar del escenario de la tragedia en la que, además de los locutores Luis Manuel Medina y Leo Martínez, el homicida José Rodríguez, fue encontrado muerto, luego de que presuntamente se habría suicidado.
“El tiempo es corto, por lo que hay que arrancar con las investigaciones este lunes.
Vamos a ver lo que hay, para recomendar lo necesario luego de que concluyamos las investigaciones”, dijo la fuente.
Hasta ayer la comisión no tenía definido dónde se asentaría para realizar los trabajos, debido a que, además de la revisión de documentos, entrevistarán a funcionarios y otras personas, tanto de Santo Domingo como de San Pedro de Macorís.
A raíz del asesinato de los dos locutores, el presidente Danilo Medina, mediante el decreto 44-17, suspendió al director del CEA, José Joaquín Domínguez Peña, y designó una comisión especial para investigar el caso, con la disposición de que le rinda un informe en un plazo de una semana, que se cumple el próximo viernes.
Mediante el mismo decreto, el mandatario designó en el cargo de manera interina, al director ejecutivo del CEA para Asunto de Ganadería (CEAGANA), Héctor Bienvenido Abreu, a quien, sin embargo, le advierte que solo podrá realizar labores administrativas y no así transacciones inmobiliarias o de otra índole.
La comisión está encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien la preside, e integrada por José Dantés Díaz, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, y Lidio Cadet, director de Ética e Integridad Gubernamental.
En una semana, a partir de la emisión del decreto, el pasado viernes, deberán rendir un informe al mandatario y sus recomendaciones, sobre la operación de compra y venta de los terrenos del CEA, que alegadamente se relacionan con la tragedia.
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