El planteamiento de que el tema del aborto sea excluido del proyecto del nuevo Código Penal Dominicano (CPD) y se incluya en una ley especial, es visto por juristas como una posibilidad para reformar un centenario Código que se aplica en el país desde el año 1884, unos 133 años.
El proyecto que ha sido vetado en dos ocasiones por el presidente Danilo Medina, para que se permita el aborto cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer, si es el resultado de violación o incesto, o cuando el feto no tiene posibilidad de sobrevivir fuera del útero, sería debatido nuevamente por una comisión bicameral.
El pasado martes, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Henry Merán, favoreció la separación del tema del aborto del Código Penal y que sea conocido en una ley especial.
En torno a ese planteamiento, el jurista Eduardo Jorge Prats sostiene que lo ideal es crear una Ley de protección a la maternidad y a los derechos reproductivos de la mujer que contemple asistencia social y económica a las embarazadas y que garantice la vida, salud e integridad de la madre y del nasciturus con un procedimiento reglado para la interrupción voluntaria del embarazo en supuestos especificados por la ley.
“Esto garantiza los derechos de la mujer y del concebido al tiempo que da seguridad jurídica a médicos y hospitales. Asimismo evita los abortos clandestinos practicados en condiciones infrahumanas y sanitarias pésimas, lo cual es causa de gran mortandad materna”, precisó.
Dijo que la ley debe contemplar la posibilidad de que los médicos en clínicas privadas puedan libremente ejercer objeción de conciencia de acuerdo con sus convicciones religiosas y negarse a practicar la interrupción voluntaria del embarazo.
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