El presidente dominicano, Danilo Medina, recibió hoy un informe realizado por la comisión que designó, el pasado enero, para investigar la licitación de una termoeléctrica que un consorcio encabezado por la constructora brasileña Odebrecht levanta en el sur del país caribeño.
Se trata de la planta de carbón Punta Catalina que se construye desde 2013 y que empezará a funcionar el próximo año, según las previsiones.
Dicha comisión concluyó el pasado viernes, al dar a conocer su informe final, que el proceso de licitación se hizo “mayormente conforme a la ley” y que su precio está en un rango “razonable”, pero recomendó modificar la Ley de Compras del Estado.
Al presentar el informe elaborado a lo largo de seis meses, el consultor Jaime Aristy Escuder afirmó que “la comisión no dispone de pruebas que puedan concluir que el proceso se preparó para beneficiar al contratista que resultó ganador” frente a los otros aspirantes a ejecutar la planta de carbón en Punta Catalina.
Aún así, reconoció que existieron “condicionantes que privaron al país de obtener un mejor resultado”, y señaló que se incumplió el artículo 36 de la Ley de Compras y Contrataciones, norma que recomendó modificar porque “pone en desventaja al Estado en su capacidad de mejores condiciones y precios” frente a empresas privadas.
En cuanto al precio de la oferta y para determinar si fue razonable, la comisión complementó su trabajo con una auditoría externa encargada a la firma estadounidense FTI Consulting, que comparó la cuantía del proyecto de la planta con el precio de otras infraestructuras similares desarrolladas en América.
La Presidencia dominicana destacó hoy el “arduo” trabajo de la comisión, cuyas observaciones “tendrá en cuenta y estudiará en profundidad”, según un comunicado.
“Consideramos que el punto más importante del informe conocido hoy es que recomienda, sin dejar lugar a dudas, la terminación de la obra, tomando en consideración el enorme aporte que supondrá para el país”, destacó la información de la Presidencia después de que Medina recibiera la documentación por parte de la delegación, que también llevó copias al procurador general, Jean Alain Rodríguez.
El Gobierno procederá ahora a estudiar las recomendaciones que realiza la comisión, “con el objetivo de mejorar no solo aspectos relativos a la planta que está en ejecución, sino también a futuras licitaciones internacionales similares que pudieran producirse”, agregó.
El informe señaló que las demoras en la entrega de la planta tendrán consecuencias, tanto en pérdidas económicas millonarias para el país, como en el atraso de la solución al problema eléctrico.
En ese sentido, el Gobierno renovó “su compromiso con la ejecución pronta y transparente de esta importante obra, que supondrá un aumento de más de un tercio en la energía disponible y garantizará un suministro eléctrico de calidad en los próximos años.
La planta ha sido criticada por sectores políticos y grupos que defienden el medio ambiente que aseguran que afectará al ecosistema y a la salud de las personas de la provincia Peravia, especialmente de la comunidades cercanas a Punta Catalina y a la ciudad de Baní.
Las críticas también censuraban la elección, tras un proceso de licitación, de FTI Consulting como encargada de la investigación, dado que la compañía trabajó desde 2011 hasta 2016 al servicio de Odebretch en materia de comunicación estratégica y asistencia técnica en litigios, tanto en Colombia como en Brasil.
La constructora brasileña es objeto de investigación en la República Dominicana por los sobornos que admitió haber pagado para acceder a obras públicas en el país por valor de 92 millones de dólares.
Por el caso Odebrecht, que ha golpeado a los dos principales partidos políticos locales, el juez de la Suprema Corte de Justicia (SJC) Francisco Ortega Polanco dictó medidas de coerción en contra de 13 políticos y empresarios, y envió a la cárcel a 8 de los acusados.EFE
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