La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia suspendió hasta las 9:30 de la mañana de este viernes el conocimiento de las apelaciones presentadas por diez de los 14 imputados por los sobornos de US$92 millones que la constructora brasileña Odebrecht aseguró haber pagado en la República Dominicana para lograr contratos de obras públicas.
El tribunal, presidido por la jueza Miriam Germán Brito, escuchó la exposición de la defensa de Máximo D´Oleo que pidió a los jueces que ordenen la libertad pura y simple de su cliente, en razón de que la resolución de medida de coerción vulnera disposiciones constitucionales.
Solicitaron también que en caso de no acoger la anterior petición, que se le varíe la prisión preventiva y se imponga otra de las medidas previstas en el Código Procesal Penal.
La audiencia continuó con la defensa de Ruddy González, que está representado por los abogados Rafael Ureña y Alberto Núñez.
Luego siguió la defensa de Juan Temístocles Montás y de Alfredo Pacheco.
Anteriormente a estos casos fueron escuchados los argumentos de la barra de la defensa de Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa.
Aun falta que se le dé la palabra a la defensa de Radhamés Segura, Conrado Pittaluga, Ángel Rondón y César Sánchez.
La Sala Penal tiene previsto escuchar hasta las siete de la noche de este jueves a los abogados de los imputados. En caso de que no se concluya se continuará mañana desde las 9:30 de la mañana hasta las siete de la noche.
El tribunal inició la audiencia a media mañana. Conoció primero la apelación del ex presidente del Senado, Andrés Bautista. Los abogados de éste incidentaron en interés de que fuera declarada la nulidad del arresto de su cliente, pero esta solicitud fue rechazada y los jueces declararon un receso de hora y media.
Tras el reinicio, los abogados del del exministro de Obras Públicas y dirigente peledeísta, Víctor Díaz Rúa, comenzaron a presentar su apelación.
Los recursos son en contra de la sentencia dictada el 7 de junio pasado por el juez Francisco Ortega Polanco, que envió a prisión preventiva a 8 de los imputados y dictó arresto domiciliario contra otros dos.
En prisión se encuentran el ahora exministro de Industria y Comercio y alto dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Temístocles Montás, y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) y extitular del Senado Andrés Bautista.
También está encarcelado el empresario Ángel Rondón, señalado como la persona que distribuyó los sobornos, así como el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, también alto dirigente del PLD, y el exdiputado Ruddy González, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aliado del oficialismo.
Igualmente, el abogado Conrado Pitaluga, así como el exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) César Sánchez y el exfucionario de esa dependencia Máximo De Óleo.
Mientras tanto, el extitular de la CDEEE, Radhamés Segura, miembro del influyente comité político del PLD, y el exsenador y exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) Roberto Rodríguez, del PRM, guardan arresto domiciliario.
Por el caso también están imputados los senadores Julio Cesar Valentín y Tommy Galán, del oficialista PLD; y el diputado Alfredo Pacheco, del PRM, quienes gozan de inmunidad, y contra quien el juez impuso impedimento de salida y una fianza de 5 millones de pesos dominicanos (unos 105.200 dólares).
De todos ellos, solo Valentín, Galán y Rodríguez no apelaron la decisión del juez Ortega Polanco.
Otro de los encausados por este caso es el ingeniero Bernardo Castellanos, quien está fuera del país y ha informado que regresará para enfrentar las acusaciones, aunque esto no se ha producido hasta este momento.
Pagos Odebrecht abarcaron tres períodos
La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones en sobornos en República Dominicana entre 2001 y 2014, periodo que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del PRM, así como los de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del PLD.
El pasado 19 de abril un juez dominicano acogió el pedido de homologación del acuerdo entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, que deberá pagar al país 184 millones de dólares, el doble de lo que admitió haber entregado en calidad de sobornos, y se comprometió a revelar nos nombres de los que recibieron el dinero.
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