En la República Dominicana hay expectativas ante la posibilidad de que en las próximas horas, la Procuraduría General solicite órdenes de arresto y otras medidas de coerción contra implicados en recibir US$92 millones en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht entre los años 2001 y 2014 para conseguir contratos de obras.
Aunque oficialmente ningún estamento oficial lo ha confirmado, el periódico Diario Libre señala este lunes que entre hoy y mañana sería presentado ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el expediente contra esas personas, entre las cuales figuran legisladores y dirigentes del gubernamental Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La presentación de este expediente se haría en momentos en que hay una creciente presión social a las autoridades en este sentido, la cual se ha manifestado en multitudinarias marchas “verdes” que han tenido lugar en distintas localidades del país.
“Esta semana es crucial, ya que la Procuraduría está concluyendo todas las traducciones y cotejo para someter a la Justicia a los sobornados. Si los indicios son graves, se podría solicitar en la semana órdenes de arresto y algún otro tipo de coerción, conforme a la ley”, indicó una fuente citada por Diario Libre.
Este mismo medio informó el viernes que la Procuraduría General solicitó a la Suprema la designación de un juez especial, en virtud de que hay legisladores y funcionarios entre los que serán sometidos. Dada la jurisdicción privilegiada que tienen los legisladores, que arrastra a los demás implicados, el caso Odebrecht se conocerá en la Suprema Corte de Justicia.
De acuerdo con lo informado, los procesados serían 15 en total, entre ellos dos senadores y un diputado.
El jueves se cumple el plazo establecido por la empresa Odebrecht con el Ministerio Público de Brasil para mantener en confidencialidad las delaciones premiadas de sus ejecutivos investigados por el caso Lava Jato.
En la medida en que los documentos de esa investigación sean públicos, los 12 países en los que la empresa confesó haber repartido unos US$788 millones en soborno, podrán tener acceso a las informaciones.
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