Procuraduría se lleva servidores y documentos de la oficina de Odebrecht

Agentes de la Policía y empleados de la Procuraduría
 cargan servidores de oficina Odebrecht

La Procuraduría General de la República allanó ayer la oficina de la empresa Odebrecht con el fin de encontrar documentos que sirvan en el proceso investigativo que lleva por el pago de US$92 millones como soborno a funcionarios públicos.

El procurador adjunto Wagner Cubilete, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), dirigió el operativo en compañía de decenas de agentes policiales en presencia de Robert Valdez, abogado de la compañía brasileña.

De las oficinas de Odebrecht ubicadas en la torre Diandy XIX, de la avenida Pedro Henríquez Ureña, Distrito Nacional, los investigadores cargaron con 25 cajas de documentos y varios servidores.

El allanamiento que inició alrededor de las 4:00 de la tarde concluyó pasadas las 10:20 p.m. con el legado de documentos.

Antes del allanamiento, Rondón y el abogado Valdez comparecieron nueva vez a la Procuraduría para responder otras interrogantes al procurador Jean Alain Rodríguez y la directora de la PEPCA, Laura Guerrero Pelletier. El empresario negó nuevamente que el dinero que recibió lo haya usado “para comprar conciencia” de funcionarios, a fin de facilitar la firma de contratos, y que acudió para hacer algunas aclaraciones sobre los documentos que depositó el pasado lunes tras ser interrogado durante más de 13 horas.

“Me desligo totalmente del pago de cualquier soborno que habría hecho Odebrecht en República Dominicana, y lo dije en un documento. Jamás los recursos que he recibido han sido para comprar conciencia ni nada por el estilo”, enfatizó.

Aunque fue requerida la presencia de Marcelo Hofke, gerente general del “gigante de la construcción”, este no acudió, y en su lugar fue Robert Valdez, quien no ofreció detalles del encuentro con los investigadores.

Ayer fueron interrogados los exdirectores del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Mariano Germán Mejía y Alberto Holguín Cruz, los cuales tuvieron bajo su responsabilidad la firma de adenda para la construcción de los acueductos múltiples de Samaná y Hermanas Mirabal, a un costo de US$164 millones.

Germán Mejía explicó que ese proyecto se construyó en tres etapas, aunque originalmente se haría en una, durante cuatro administraciones diferentes.

Aseguró que en ningún momento vio al empresario Rondón y que en el interrogatorio no le preguntaron nada de soborno y, si hubo distribución de dinero, eso tendrá que determinarlo la Procuraduría.