Los delegados políticos de los partidos de la Liberación Dominicana
(PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano
(PRSC) se opusieron a la propuesta abrir la campaña electoral en el mes
de diciembre, como recomendara el magistrado Eddy Olivares.
César Pina Toribio, delegado ante la Junta Central Electoral del PLD,
dijo no compartir el planeamiento del juez electoral, y señaló que ha
sido una tradición en la historia dominicana declarar para las navidades
un periodo de tregua política.
“No lo comparto, y entiendo que ha sido tradición en el periodo
navideño proclamar una tregua, y no veo ninguna razón para que eso no
sea así en esta oportunidad”, indicó el también Consultor Jurídico del
Poder Ejecutivo.
Una posición similar presentó Tácito Perdomo, delegado político del
PRSC, quien aseguró que su organización estaba en contra de campañas
electorales a destiempo. Señaló a la legislación en discusión, la Ley de
Partidos, en donde aseguran se han declarado a favor de que la campaña
electoral dure lo menos posible.
La posición de Olivares, contenida en una carta, intenta que el Pleno
de la JCE regule el uso de los recursos del Estado en campaña
electoral, como el uso de vehículos y aeronaves de parte del presidente
de la República, que en este caso es aspirante a la reelección
presidencial por el PLD.
Su comunicación señala a los funcionarios municipales, a fin de
evitar que estos comiencen campañas proselitistas desde los recursos de
las alcaldías que dirigen.
Una posición favorable a la del magistrado la externó el delegado
político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Marte Piantini,
que urgió en la necesidad de reglamentar el proceso electoral para unos
comicios diáfanos.
La Ley Electoral dominicana vigente establece que la “Proclama
Electoral”, la fecha en la que comienza la campaña electoral
formalmente, debe realizarse por lo menos 90 días antes del día de las
elecciones. La tradición dominicana remite ese comienzo, o esa proclama,
al mes de febrero del año electoral.
La JCE dio un plazo de diez días a los partidos políticos para que
depositen por escrito sus posiciones sobre los proyectos de resolución
de la cuota de la mujer, y la propuesta de reglamento de la observación
electoral. La decisión fue tomada luego de que la mayoría de los
partidos políticos, en sus turnos en la audiencia pública, pidieran a la
institución un período de tiempo para analizar los proyectos y fijar
sus posiciones.
En la audiencia se escucharon a organizaciones que velan por los
derechos de la mujer, quienes exigieron a las autoridades establecer la
paridad en la presentación de candidaturas a puestos electivos.
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