Renunciaron como “veedores” cinco de los siete miembros de la
Comisión de Veeduría del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
(INABIE).
Lo hicieron a través de una carta al ministro de la Presidencia,
Gustavo Montalvo, en la que alegan que “no son tomados en serio”.
La periodista Ana Mitila Lora, los empresarios Ramón P. Báez y Flavio
Rodríguez Méndez, y los representantes de la Iglesia Católica y
Evangélica, Frank de la Cruz y Johnnie Martínez, respectivamente,
manifestaron que ya habían advertido que la existencia de la Comisión
estaba amenazada por la ausencia de información oportuna.
“Con frustración y pesar, le comunicamos nuestra decisión de
renunciar a la responsabilidad que usted puso en nuestras manos,
designándonos como veedores del INABIE, una función gratuita desempeñada
con esmero y dedicación por la mayoría de sus nosotros”, expresaron en
la misiva fechada el 7 de este mes.
Se quejaron de que “llevamos más de un año requiriendo que el INABIE
actualice su portal con informaciones básicas que garanticen la
transparencia de sus actividades, y no recibimos respuestas”.
Agregan que “llevamos más de un mes esperando explicaciones sobre
algunas intoxicaciones ocurridas en escuelas del interior del país y las
justificaciones de por qué se contratan suplidores por tres años
consecutivos que no reúnen las más mínimas condiciones para serlo, pese a
la existencia de requisitos para los aspirantes”.
“No somos auditores ni expertos en tecnologías de alimentos, por más
que nos hemos esforzado en comprender y darle seguimiento a los procesos
de compras, contrataciones, intoxicaciones, etc., pero la ausencia de
informaciones de parte del INABIE dificulta nuestra responsabilidad como
veedores”, indican.
Sostienen que el artículo 25 del decreto 183-15 ha creado malestar en
el seno de la referida Comisión, debido a que las disposiciones del
Poder Ejecutivo obstaculizan que los veedores informen a la opinión
pública lo que ocurre en las instituciones observadas.
“La modalidad establecida limita el necesario proceso de rendición de
cuentas. Sin ser abogados ni juristas, entendemos que ante ese decreto
los veedores podrían resultar con menos derechos que cualquier otro
ciudadano en su facultad de denunciar cualquier irregularidad. O sea, se
vulnera la libertad de expresión”, expresan.
Añaden que “hemos visto con preocupación que ante los escándalos de
corrupción que han explotado en los últimos meses, algunos funcionarios
argumentan y defienden la transparencia gubernamental basados en la
existencia de comisiones de veedurías”.
“Entendemos que con esas afirmaciones se está haciendo un uso
político de los veedores, ya que por los menos en esta comisión,
caracterizada por trabajar arduamente, sabemos de las grandes
limitaciones que hay que enfrentar para obtener informaciones completas y
oportunas. Así que sobradamente sabemos, que lamentablemente, la
existencia de comisiones de veedurías, no garantiza per se, la
transparencia ni el uso honesto de los fondos públicos. Cobra espacio el
sentimiento de que estas comisiones sólo están sirviendo para legitimar
las ejecutorias de funcionarios”, puntualizaron.
Otro miembro se retiró hace ocho meses
El periodista Saúl Pimentel, quien también era miembro de esta
Comisión de Veedores, se retiró hace más de ocho meses de la misma,
aunque en esa oportunidad no lo hizo público. Entrevistado este lunes,
declaró que su retiro se produjo debido a “falta de tiempo” para
continuar en esas funciones.
“En principio pensé que se trataba de una labor de uno o dos meses,
con motivo del inicio del año escolar, pero luego comprobé que era algo
permanente”, expresó.
Aunque no quiso referirse a los motivos de la renuncia de los demás
“veedores”, dijo que personalmente tiene el criterio de que la
corrupción no se combate con comisiones de vigilancia sino más bien
aplicando las leyes y las sanciones que las mismas establecen.
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