Agentes de la policía abandonan la casa del fundador
del Frente Nacional francés, Jean-Marie Le Pen, tras el registro de la
policía en Saint-Cloud, en las afueras de París, Francia, ayer. El
despacho de Le Pen fue registrado por agentes que investigan un presunto
caso de blanqueo de capitales y fraude fiscal vinculado a la fuga de
dos franceses de República Dominicana.
Pascal Fauret es interrogado
Mientras que, exmilitares franceses convertidos en pilotos de jets
privados en el Caribe y en la Costa Azul, acusados de narcotráfico por
dos justicias, Bruno Odos y Pascal Fauret topan de nuevo con la cárcel
tras un itinerario tortuoso.
En la República Dominicana, los vuelos de su Falcon 50 cesaron
súbitamente una noche de marzo de 2013. Los dos pilotos y sus pasajeros
fueron detenidos cuando el avión se disponía a despegar. La policía los
filmó entonces y mostró las maletas con 680 kilos de cocaína.
Siguieron dos años de proceso judicial, durante el cual los dos
pilotos no cesaron de clamar su inocencia y los medios de información
franceses multiplicaron los reportajes sobre sus condiciones de
detención y sus protestas.
La justicia dominicana los condenó a 20 años de prisión en primera
instancia, pero Bruno Odos, de 56 años de edad, y Pascal Fauret, de 55,
fueron dejados en libertad, con prohibición de salir del país, en espera
de su proceso en apelación.
Ayudados por exmilitares y ciertos políticos, decidieron no esperar
ese proceso y se fugaron hace dos semanas en una rocambolesca operación
por mar y aire, que costó cerca de 100.000 euros y fue bautizada “cena
en la ciudad”.
Oficialmente, los dos sostuvieron en declaraciones a los medios
franceses que su voluntad es responder de sus actos ante la justicia de
su país, afirmando que no tienen confianza en la dominicana.
Ahora están en ello. Fueron detenidos, llevados ante los jueces, interrogados y... rumbo a la cárcel de nuevo.
Bruno Odos está encarcelado desde el martes por la noche en el
presidio marsellés de Baumettes, y Pascal Fauret, que era interrogado
ayer por los mismos jueces, podría ser objeto de la misma medida al
terminar su audición.
- Decenas de maletas de cocaína -
Aunque el interrogatorio de los dos hombres por la justicia francesa
no está directamente relacionado a priori con el caso en República
Dominicana, ambos son sospechosos de estar implicados en un tráfico de
droga transatlántico, que la prensa francesa ha bautizado “Air Cocaína”.
La investigación de la justicia francesa fue abierta a principios de
2013 en Marsella a raíz de informaciones sobre el “comportamiento
sospechoso” de pasajeros de un Falcon 50 que aterrizó un mes antes en
Saint-Tropez, el célebre balneario de la Costa Azul.
La justicia sospecha que los pilotos y dos otros franceses, Nicolas
Pisapia y Alain Castany, también condenados en la República Dominicana y
que siguen en ese país, trajeron cocaína a Francia oculta en decenas de
maletas cargadas en ese jet privado. Varios vuelos de ese avión,
fletado por una firma de alquiler, SN-THS, son sospechosos para la
justicia francesa.
Bruno Odos y Pascal Fauret “no abrieron las maletas” transportadas en
el avión del que eran pilotos, alegó su abogado, Jean Reinhart. También
en la República Dominicana ambos aseguraron que no sabían qué había en
las maletas de sus pasajeros.
De regreso a Francia “no esperaban (...) tal odio de la justicia, que parece considerarlos bandidos”, declaró el abogado.
Las autoridades dominicanas emitieron una orden de detención
internacional contra ellos. Pero Francia, que asegura que no tuvo
ninguna intervención en la fuga, no extradita a sus ciudadanos.
Además del aspecto diplomático en la relación con Santo Domingo, el
caso ha adquirido en Francia un sesgo político, dado que el nombre del
expresidente Nicolas Sarkozy apareció en él de manera incidental, porque
tres vuelos de la misma compañía fueron fletados por cuenta de él.
Con la vista puesta ya en la elección presidencial de 2017, Sarkozy,
jefe del principal partido de la oposición de derecha, protestó por el
hecho de que los jueces ordenaran investigarlo sobre esa base, llegando
incluso a pedir la geolocalización de su teléfono en 2013.
El expresidente responsabiliza al gobierno socialista, el cual asegura que no fue informado de esa investigación.
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