La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó
este martes en dos sesiones consecutivas el proyecto que establece el
Examen Único de Competencias (EUC) para el ejercicio de la medicina en
República Dominicana.
La pieza establece además que toda persona que obtenga
certificaciones falsas, debidamente comprobadas, sobre el Examen Único
de Competencias, sin perjuicio de las sanciones penales, queda impedido
de recibirlo por un espacio de cinco años, contados a partir de la fecha
en que la falsedad se haya reconocido.
La pieza, que pasa ahora al Senado para su estudio y sanción; deroga
las siguientes disposiciones legales: Ley No.146, del 11 de mayo de
1967, sobre Pasantía de Médicos Recién Graduados, modificada por la Ley
No.478, del 18 de enero de 1973 que modifica la parte capital y se
agrega un tercer párrafo al artículo de la Ley No. 146 sobre Pasantía de
Médicos recién graduados. El presidente en funciones de la comisión de
salud, Fabio Vargas, al leer el informe dijo que es evidente que el
proceso de pasantía no garantiza fielmente la formación del médico,
puesto que estos profesionales no están siendo debidamente supervisados y
prácticamente están ejerciendo de una manera ilegal, pues en el proceso
de aprendizaje tienen que emitir recetas médicas sin estar
certificados.
Añadió que una de las ventajas que persigue el Examen Único de
Competencias es que el médico que apruebe el examen y no tenga la
oportunidad de conseguir una plaza para médicos generales, el gobierno
está en la obligación de nombrarlo como auxiliar en los Centros de
Atención Primaria, hasta lograr la oportunidad de optar por la
residencia.
También inhibe a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de
impartir el examen para las residencias médicas, ya que se hará a través
del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) en
conjunto con otras instituciones públicas y privadas, mediante un
reglamento para implementar los procedimientos a seguir.
En julio pasado, el rector Iván Grullón Fernández había señalado que
con el proyecto de ley se reduce el carácter público de la educación, en
la medida en que se pretende quitar a la UASD su atribución de realizar
la reválida de estudios de medicina de los extranjeros que solicitan
ejercer la profesión en el país, así como el examen único de residencias
médicas.
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